Propuestas para una Nueva Constitución

La Constitución Política de la República, siendo la normativa más alta en Chile, debe plasmar el nuevo pacto social del siglo XXI de una sociedad diversa que da vida a nuestro país.
Creo firmemente que estos pilares permitirán forjar un verdadero Estado social democrático de Derecho.
Revisa acá mis propuestas en relación con los siguientes pilares:

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS MAYORES

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

DEMOCRACIA INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

 
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1. Inclusión y participación

Se debe garantizar la inclusión y la participación plena y efectiva en la sociedad de todas y todos.

Esto implica:

  • El respeto integral a la dignidad de toda persona sin distinción.

  • Igualdad en el disfrute de los derechos, que a su vez reconozca la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la igualdad de resultados.

  • La no discriminación, para que cada persona pueda desarrollar su propio plan de vida con pleno reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales.

  • El perfeccionamiento del enfoque de los derechos sociales, económicos y culturales para su pleno ejercicio por las personas. Por ejemplo: salud oportuna y de calidad; educación inclusiva de calidad; trabajo digno, con remuneración justa incluida la opción de generar iniciativas de emprendimiento propias; seguridad social que dé efectividad a la erradicación de la pobreza, y sistemas de protección social adecuados; respaldo efectivo a la cultura y al deporte. Estos derechos deben ser exigibles por las personas contando con recursos efectivos para ello.

  •  Considerar el derecho al agua y a la seguridad alimentaria, que son básicas para el sustento de la vida, de la salud, y para el desarrollo sostenible de las comunidades.

  • Promover, proteger y asegurar la igualdad de género.

  • Promover, proteger y asegurar los derechos de sectores de la población que muchas veces han sido infraprotegidos, como niñas, niños y adolescentes.

 
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2. Personas con Discapacidad

En Chile, al menos el 20% de la población mayor de 18 años presenta discapacidad, la que es transversal a toda la sociedad, sin distinción.

Por ello es necesario:

  • El reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, como lo hace España, Canadá y Ecuador, entre otros.

  • El reconocimiento constitucional de la accesibilidad universal como el medio indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad y otros sectores de la población.

  • Reconocer el ejercicio de los derechos diversificados de las personas con discapacidad. Por ejemplo: el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, como también su capacidad jurídica plena.

  • Reconocimiento e implementación de la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital.

  • Reconocimiento e implementación del acceso y permanencia en el trabajo de las personas con discapacidad, con una justa retribución y con la asignación de funciones efectivas compatibles con las aptitudes de la persona.

  • Que los sistemas de protección social sean suficientes y acordes a la dignidad, derechos y necesidades de las personas con discapacidad.

  • Promover la real provisión de ajustes razonables, que son las modificaciones o adaptaciones que pueda requerir una persona con discapacidad para el goce y ejercicio de sus derechos.

  • Garantizar los diversos apoyos y cuidados necesarios para todas las personas con discapacidad que están en situación de dependencia.

  • Implementar plenamente los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Chile en el año 2008, y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada por Chile en el año 2001.

 
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3. Personas mayores

En Chile más del 17% de la población son personas mayores de 60 años, por lo que es indispensable desterrar los prejuicios y estereotipos relacionados con la vejez y el envejecimiento. Muchas personas mayores son activas y competentes para aportar en todos los ámbitos de la sociedad, y quienes se encuentran en situación de dependencia merecen todo el respeto a su dignidad personal y la satisfacción de sus necesidades. Pensando en una constitución para el futuro del país, este aspecto debe ser ampliamente considerado por quienes actualmente son jóvenes y que el día de mañana serán personas mayores.

En este contexto, se debe:

  • Reconocer constitucionalmente a las personas mayores y la importancia del intercambio generacional en todos los ámbitos del quehacer humano, entendiendo que todos los grupos etarios tienen mucho que entregar al compartir sus saberes, relevando que las personas mayores son un colectivo vivo, presente, y cada vez más numeroso.

  • Promover la autonomía y la autovalencia de las personas mayores.

  • Promover la plena inclusión y participación de las personas mayores en los distintos ámbitos, especialmente en el ejercicio de derechos que faciliten el desarrollo continuo de intereses y habilidades a lo largo de la vida.

  • Establecer mecanismos efectivos para la prohibición del abandono, maltrato y negligencia hacia personas mayores.

  • Garantizar los diversos apoyos y cuidados necesarios para todas las personas mayores que están en situación de dependencia.

  • Que los sistemas de protección social sean suficientes y acordes a la dignidad, derechos y necesidades de las personas mayores.

  • Implementar plenamente los estándares de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en el año 2017.

 
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4. Medio Ambiente y Cambio Climático

El siglo XXI requiere una Constitución que transversalmente proteja el medio ambiente desde los distintos enfoques del quehacer del estado y las comunidades.

Por esto es necesario:

  • Reconocer al medio ambiente como titular de derechos para su promoción y defensa efectiva.

  • La protección del medioambiente con mecanismos específicos para contrarrestar el cambio climático.

  • Valorar la riqueza natural y la biodiversidad de nuestro país, adoptando los mecanismos para dar efectiva protección a nuestra “casa común”, a fin de resguardarla y disfrutar plenamente de ella.

  • Profundizar en un mecanismo realmente eficaz para la evaluación de impacto ambiental, consultando interdisciplinariamente y con plena participación de la sociedad civil, especialmente la que viva en los sectores en que se plantea desarrollar o se estén desarrollando iniciativas que puedan afectar la preservación del medio ambiente.

  • Garantizar la protección de la flora y fauna nativa de las distintas regiones de Chile.

  • Alinearse con los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de cambio climático. Por ejemplo, para la mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero (Acuerdo de París).

  • Considerar aquellos aspectos vinculados al desarrollo sostenible que acentúan la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres.

 
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5. Democracia Inclusiva y Participativa

Chile es una república democrática que debe modernizarse.


Por ello, se necesita:

  • Profundizar en la solidez de la democracia participativa e inclusiva.

  • Canalizar la participación ciudadana a través de vías que tengan efecto vinculante en decisiones públicas. Por ejemplo, iniciativa popular de leyes, plebiscitos, referéndums, e incluso considerar orgánicamente el establecimiento de la Defensoría de los derechos de las personas.

  • Democratizar las instituciones públicas con más mecanismos que canalicen las inquietudes de la ciudadanía, aplicando siempre la igualdad de trato que debe traducirse en un “buen trato”.

  • Lograr la descentralización efectiva de los territorios para optimizar la autonomía en la gestión regional y local, potenciando el vínculo directo con sus habitantes y la consideración de los contextos territoriales que a cada uno dan particularidad y riqueza.

  • El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Esto es fundamental para lograr el necesario pacto social reconociendo su identidad, creencias, valores, principios y cultura, teniendo en cuenta la Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT y la voz de sus representantes a través de los escaños reservados.